El Gobierno de Trump amenaza con retirar 9.000 millones de dólares a Harvard por permitir el antisemitismo en el campus

Tras el acoso a las de Columbia y Pensilvania, la Administración de Donald Trump ha puesto en la mira a la Universidad de Harvard, que podría perder 9.000 millones de dólares en subvenciones y contratos federales por supuestamente permitir que las manifestaciones de antisemitismo se reprodujesen sin control en su campus. La medida sigue a la cancelación de unos 400 millones de dólares de financiación federal para Columbia por el mismo motivo y la suspensión de 175 millones para la Universidad de Pensilvania, en este caso como represalia por su política de diversidad, equidad e inclusión (DEI, en sus siglas inglesas).

“Si bien las recientes acciones de Harvard para frenar el antisemitismo institucionalizado, aunque largamente esperadas, son bienvenidas, la universidad debe hacer mucho más para conservar el privilegio de recibir los dólares duramente ganados por los contribuyentes federales”, justifica la medida un comunicado de la Administración de Servicios Generales, sin entrar en detalles sobre las medidas o correcciones que el Gobierno espera de la institución. La comunicación informa de que la Administración está considerando suspender alrededor de 256 millones de dólares en contratos, así como otros 8.700 millones de dólares en lo que describió como “compromisos de subvenciones plurianuales”.

“Hoy mismo [por este lunes] el grupo de trabajo del Gobierno federal para combatir el antisemitismo ha emitido una carta en la que pone en peligro casi 9.000 millones de dólares en ayudas a la investigación en Harvard y otras instituciones, incluidos hospitales de nuestra comunidad. Si se detiene esta financiación, se detendrá la investigación que salva vidas y se pondrá en peligro la importante investigación científica y la innovación”, ha comunicado la noticia a la comunidad el responsable de Harvard.

“No somos perfectos”, asume Garber en un correo electrónico, asegurando que la universidad trabajará con el Gobierno para cumplir sus compromisos y evitar el cierre de la financiación porque a la Casa Blanca le preocupa que “la Universidad no haya cumplido con sus obligaciones de frenar y combatir el acoso antisemita. Compartimos plenamente el importante objetivo de combatir el antisemitismo, una de las formas más insidiosas de intolerancia. Se necesitan medidas urgentes y una profunda determinación para abordar este grave problema que está creciendo en Estados Unidos y en todo el mundo. Está presente en nuestro campus”, afirma, asegurando que él mismo lo ha sufrido personalmente.

Ambos comunicados, el de la Administración y el del rectorado, son vagos en cuanto a las medidas que Harvard debe adoptar para asegurarse la concesión de esos fondos. Pero entre los objetivos de la ofensiva gubernamental contra la prestigiosa institución de Cambridge (Massachusetts), parece estar el control del Centro de Estudios de Oriente Próximo, dos de cuyos responsables dejarán sus cargos, según adelantó el viernes diario de la universidad, el Harvard Crimson. El Departamento, que dirige un otomanista de prestigio, había sido objeto de críticas por parte de antiguos alumnos que lo acusaban de un sesgo antiisraelí. Junto con el de Harvard, también será objeto de supervisión y control el departamento homólogo de Columbia. La universidad pública de Nueva York (CUNY, en sus siglas inglesas) canceló a finales de febrero la contratación de dos profesores de estudios palestinos. Fue la propia gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, quien adoptó la decisión. “La retórica de odio bajo cualquiera de sus formas no tiene lugar en CUNY”, declaró entonces Hochul.

Pero la presión del Gobierno no se limita al temario o el profesorado de determinados departamentos considerados sensibles, es decir, potencialmente críticos o contrarios a Israel. Columbia se plegó a las exigencias de Washington y aceptó endurecer las normas que regulan las protestas en su campus con la prohibición de mascarillas en los manifestantes, la reserva del derecho de admisión y la contratación de nuevos policías para el campus a los que se dotará de la facultad de detener a estudiantes incómodos (se trata de un servicio de seguridad privado). Pero ni siquiera esas cesiones han bastado para preservar la continuidad como rectora en funciones de Katrina Armstrong, que presentó su dimisión el viernes. Es la cuarta rectora arrollada por el encendido debate sobre el antisemitismo en los campus.

En su anuncio de este lunes, la Administración ha querido señalar el enorme papel que Harvard desempeña en el imaginario público, lo que la convierte en un objetivo aún más tentador... y un serio aviso para el resto de universidades igualmente investigadas, alrededor de 60. “Harvard ha sido durante generaciones un símbolo del sueño americano, la aspiración más elevada de los estudiantes de todo el mundo que se esfuerzan y consiguen ser admitidos en esta ilustre institución”, declaró Linda McMahon, secretaria de Educación. “La incapacidad de Harvard para proteger a los estudiantes del campus de la discriminación antisemita, al tiempo que promueve ideologías divisivas, ha puesto su reputación en grave peligro”.

El pasado 30 de enero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para combatir el antisemitismo en los campus de EE UU y amenazó con revocar el visado y expulsar del país a los estudiantes extranjeros que incurrieran en tales manifestaciones. La caza de brujas no tardó en llegar, y el pasado 8 de marzo fue detenido y confinado en un centro para extranjeros el posgraduado de origen palestino Mahmud Khalil, el primero de una docena de estudiantes e investigadores arrestados y en algunos casos expulsados por su vinculación con los grupos Hamás o Hezbolá, vínculos de los que la Casa Blanca no ha ofrecido ninguna prueba. La semana pasada fue detenida a plena luz del día una doctoranda de la Universidad de Tufts por cofirmar un artículo sobre Palestina durante las protestas que el año pasado recorrieron los campus. Al igual que ha sucedido con Khalil, un juez federal ha bloqueado la deportación de la joven mientras se estudia su caso.